Los promotores reclaman al Govern la liberalización del suelo – La Administración recuerda que medidas como esta, que tienen como objetivo abaratar la vivienda, tienen el resultado contrario.
La cita, organizada por Prensa Ibérica y SIMAPRO, despertó el interés de un numeroso público, profesionales e interesados en la temática, sobre todo después de que el Govern haya propuesto ceder solares de titularidad pública a la iniciativa privada para construir viviendas protegidas.
Maria Ferrer, directora de este periódico fue la encargada de abrir el acto. Le siguió Antonio González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions, quien comentó que el próximo 6 de mayo se celebrará SIMAPRO, un evento de referencia para debatir y reflexionar sobre la situación actual del sector.
La primera mesa contó con la participación de Marc Pons, conseller d’Habitatge; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña); y Luis Martín, presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA), que fueron moderados por el abogado Fausto Oviedo.
Pons apuntó que en 2020 tienen un pressupuesto de 40 millones de euros y prevé que cuando finalice el año se estarán construyendo 580 viviendas de protección oficial. También está previsto que se dediquen 9 millones de euros en ayudas al alquiler para personas con rentas menores de 23.000 euros, lo que supondrá asumir el 40% del alquiler a fondo perdido por parte del Govern. «En 2018 llegamos a ayudar a 4.000 familias», remarcó el conseller.
Juan Antonio Gómez-Pintado, remarcó que existe un problema generacional de acceso a la vivienda entre los 24 y 31 años, apuntó que no hay suelos para edificar viviendas con un precio tope de 250.000 euros y remitió a cómo se resuelven el problema de la vivienda en otros estados, como en Francia donde han permitido que las compañías de seguros avalen al comprador. También apuntó que para que el sector privado inverta capital tiene que obtener un beneficio, en caso contrario, los concursos quedan desiertos».
Luis Martín, de PROINBA remarcó «quien marca la edificabilidad es el Govern y si no hay suelo económico no puede haber vivienda asequible». También comentó que hay dos mercados, el de residencia europea y clase media-alta con un precio fuera del alcance de la población local, y otro que es la clase media, que no tiene producto y tiene dificultades de financiación. «Nuestro problema es la clase media», apuntó. Martín destacó, también, la propuesta del Govern para que los colegios profesionales colaboren en la concesión de licencias, pero advirtió que queda coja porque no resta responsabilidad al funcionario que es quien firma los informes, a la vez que recriminó que con la propuesta del Govern de dar suelo público para edificar se producirá una situación de discriminación con la iniciativa privada ya que esta tiene que esperar mucho tiempo para conseguir la licencia, unos plazos que no se demorarán para edificar vivienda protegida.
